14/12/2022 -  Los países de la OCDE han adoptado hoy el primer acuerdo intergubernamental sobre enfoques comunes para salvaguardar la privacidad y otros derechos humanos y libertades en el marco del acceso a datos personales con fines de protección de la seguridad nacional y mantenimiento del orden público.

La Declaración de la OCDE sobre el acceso de los gobiernos a los datos personales en poder de entidades del sector privado busca reforzar la confianza en los flujos de datos transfronterizos —fundamentales para la transformación digital de la economía mundial—, clarificando el modo en que los organismos de seguridad nacional y las fuerzas del orden público pueden acceder a los datos personales en virtud de los marcos jurídicos existentes. La Declaración supone un importante compromiso político por parte de los 38 países de la OCDE y la Unión Europea que lo han firmado en el marco de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE de 2022. La Declaración está abierta a la adhesión de otros países.

«En esta era digital, la capacidad de transferir datos a través de las fronteras es fundamental para todo, desde el uso de las redes sociales hasta el comercio internacional y la cooperación internacional en cuestiones sanitarias a escala mundial. Sin embargo, sin una serie de principios y salvaguardias comunes, el intercambio de datos personales entre jurisdicciones plantea problemas de privacidad, especialmente en áreas sensibles como la seguridad nacional», dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar la Declaración durante la Conferencia ministerial de Economía Digital de la OCDE. «El histórico acuerdo de hoy reconoce formalmente que los países de la OCDE defienden normas y salvaguardias comunes. Este contribuirá a facilitar los flujos de datos entre democracias regidas por el Estado de Derecho, con las salvaguardias necesarias para la confianza de las personas en la economía digital y la confianza mutua entre los gobiernos en relación con los datos personales de sus ciudadanos.

La Declaración, que rechaza cualquier enfoque del acceso de los gobiernos a los datos personales que resulte incompatible con los valores democráticos y el Estado de Derecho, es el resultado de dos años de trabajo de la OCDE, llevado a cabo por un grupo de expertos de diversos países en materia de protección de datos, seguridad nacional y orden público. El proyecto surgió de la creciente preocupación por la falta de principios comunes en ámbitos sensibles como son la seguridad nacional y el orden público, una carencia que podría conducir a restricciones indebidas de los flujos de datos. Otra de las motivaciones detrás de esta iniciativa es el anhelo de aumentar la confianza entre los distintos sistemas democráticos regidos por el Estado de Derecho que, si bien no son idénticos, tienen importantes aspectos en común.

La Declaración complementa las Directrices de la OCDE sobre privacidad, uno de los logros más importantes de la Organización, que se remontan a 1980 y que constituyen la base de las normas sobre privacidad de muchos países. Actualizadas por última vez en 2013, las Directrices sobre privacidad proporcionan un punto de referencia común para la protección de los datos personales y tienen como objetivo facilitar los flujos de datos transfronterizos al tiempo que defienden los valores democráticos, el Estado de Derecho y la protección de la privacidad y otros derechos y libertades. Un aspecto crucial es que prevén excepciones por motivos de seguridad nacional y de orden público. Esta nueva Declaración articula un conjunto de principios compartidos que reflejan aspectos comunes extraídos de las prácticas y leyes vigentes en los países miembros de la OCDE y que se complementan entre sí a la hora de proteger la privacidad y otros derechos humanos y libertades.

Estos principios establecen el modo en que los marcos jurídicos regulan el acceso de los gobiernos a los datos personales; las normas jurídicas que se aplican cuando se solicita el acceso; cómo se aprueba el acceso y cómo se tratan los datos obtenidos, así como los esfuerzos de los países para dotar de transparencia todo el proceso. También abordan algunas de las cuestiones más espinosas —como los mecanismos de supervisión y reparación— que durante muchos años han supuesto un escollo en los debates políticos. (Véase el texto oficial completo).

La Declaración sobre el acceso de los gobiernos es un hito importante en el trabajo de la OCDE para ayudar a los países a promover la confianza en los flujos de datos transfronterizos. Asimismo, la Declaración complementa el proyecto Going Digital de la OCDE, que en su actual y tercera fase se centra en la gobernanza de datos para el crecimiento y el bienestar y propone soluciones con una sólida base empírica para los desafíos fundamentales en materia de gobernanza de datos a los que se enfrentan los países. Los resultados de esta fase del proyecto, concluida en la Conferencia ministerial, se reflejan en la Going Digital Guide to Data Governance Policy Making y en el informe Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being.

Véase más información sobre la Conferencia ministerial sobre economía digital de la OCDE de 2022.

Para ampliar la información, se insta a los periodistas a ponerse en contacto con Catherine Bremer de la Oficina de Medios de Comunicación de la OCDE (+33 1 45 24 80 97).

 

La OCDE es un foro global que trabaja con más de 100 países y promueve políticas para preservar las libertades individuales y mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.