La contratación pública se refiere a la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. Dado que la contratación pública representa una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, se espera que los gobiernos la lleven a cabo de manera eficiente y con altos estándares de conducta a fin de garantizar la alta calidad de la prestación del servicio y salvaguardar el interés público.
La Metodología para Evaluar los Sistemas de Adquisiciones (MAPS) se puede usar por todos los países para evaluar la calidad y efectividad de los sistemas de contratación pública.
La contratación pública es utilizada por los gobiernos para invertir en infraestructuras públicas cuyos requisitos se estiman en USD 71 billones para el año 2030. La gestión sólida de la contratación pública puede generar ahorros sustanciales, una mayor productividad y mejores servicios.
Las estimaciones existentes sugieren que una quinta parte del gasto en salud podría canalizarse hacia un mejor uso. Los desechos operacionales y relacionados con la gobernanza en el sector de la salud pueden reducirse mediante la contratación pública transparente y eficiente de productos farmacéuticos y otros suministros médicos.
La gran suma de recursos públicos, por lo tanto dinero de los contribuyentes, gastada en compras públicas requiere no solo una buena administración sino también que se lleve a cabo de manera eficiente. En la búsqueda de mejoras en la eficiencia, los gobiernos desarrollan, implementan y revisan continuamente sus sistemas de adquisición y diversos mecanismos y herramientas.
La contratación pública es una de las actividades del gobierno más vulnerables a la corrupción. Los intereses financieros en juego, el volumen de transacciones y la estrecha interacción entre los sectores público y privado en la adjudicación de los contratos públicos son todos riesgos para la integridad.
La contratación pública ofrece un enorme mercado potencial para productos y servicios innovadores. Usada estratégicamente, puede ayudar a los gobiernos a impulsar la innovación a nivel nacional y local y, en última instancia, a mejorar la productividad y la inclusión.
Al usar su poder adquisitivo para elegir bienes, servicios y trabajos con un impacto ambiental reducido, los gobiernos pueden hacer una contribución importante hacia los objetivos de sostenibilidad. Los sectores de alto impacto son: edificios, comida y catering, vehículos y productos que consumen energía.
La OCDE apoya a los gobiernos en la reforma de sus sistemas de contratación pública para garantizar el crecimiento sostenible e inclusivo a largo plazo, así como la confianza en el gobierno
La OCDE apoya a los países en la reforma de sus sistemas de contratación pública mediante su evaluación y la provisión de mejoras y herramientas de apoyo.
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