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Un mejor uso de los impuestos a la energía podría fortalecer las cuentas públicas de los países en desarrollo y reducir la contaminación

 

25/01/2021 - Los países en desarrollo podrían recaudar unos ingresos fiscales muy necesarios, A la vez que que reducen las emisiones y la contaminación atmosférica, haciendo un mejor uso de los impuestos a la energía y recortando las subvenciones a los combustibles fósiles, de acuerdo con un nuevo informe de la OCDE.

El informe, titulado Taxing Energy Use for Sustainable Developement: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies, examina la fiscalidad energética en 15 países en desarrollo y emergentes de África, Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe. El informe concluye que los impuestos sobre la energía y el carbono, si están bien diseñados, pueden dar un impulso a los esfuerzos para mejorar la movilización de los ingresos fiscales internos. Aunque el potencial de recaudación varía entre los diferentes países, el informe concluye que, de media, los países podrían generar ingresos equivalentes a alrededor del 1% del PIB si gravaran las emisiones de carbono de los combustibles fósiles a razón de 30 euros por tonelada de CO2.

La reforma de los impuestos y las subvenciones a la energía constituye un factor clave para conseguir el triple objetivo de descarbonizar la economía, movilizar ingresos fiscales internos y disponer de energía asequible. Las economías en desarrollo y emergentes que luchan por recuperarse de la crisis de la COVID-19 con unos ingresos fiscales mucho más bajos que las economías avanzadas se beneficiarían de unos impuestos a la energía mejor diseñados y acompañados de un apoyo específico para los grupos con rentas más bajas. El ratio impuestos-PIB en los 15 países estudiados promedia tan solo un 19%, frente al 34% de los países de la OCDE.

Ninguno de los 15 países aplica un precio específico al carbono ni utiliza los sistemas de comercio de emisiones de CO2. Para ayudar a los hogares más pobres, los combustibles fósiles empleados en calefacciones, cocinas e iluminación suelen subvencionarse o gravarse con impuestos bajos, pero eso lastra las finanzas públicas y, en algunos casos, puede alentar un uso excesivo de carburantes. En cuatro de los 15 países, el coste que suponen las subvenciones a la energía para las arcas públicas supera lo recaudado con los impuestos a la energía. La reducción de las subvenciones, que suelen beneficiar a los consumidores de mayores rentas, y la mejora del diseño de los impuestos, podrían generar ingresos adicionales que permitirían proporcionar un apoyo más focalizado a facilitar el acceso y la asequibilidad de la energía.

En los 15 países incluidos en el estudio, el 83% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía no pagan ningún impuesto. En los 44 países de la OCDE y en los países del G20 incluidos en el estudio Taxing Energy Use 2019, alrededor del 70% de las emisiones relacionadas con la energía no pagan impuestos, lo que pone de relieve la necesidad de que todos los países se esfuercen por poner en consonancia la política tributaria con los efectos perjudiciales del uso de la energía.

Como dato positivo, cabe destacar que cinco de los 15 países no utilizan carbón y el uso de la energía eólica y solar está creciendo con fuerza. Sin embargo, Marruecos y Filipinas siguen haciendo un uso generalizado del carbón para generar electricidad. Un aspecto importante que señala el informe es que 13 de los 15 países tienen experiencia con los impuestos especiales sobre los carburantes, lo que significa que la reforma de los impuestos sobre el carbono sería relativamente sencilla de aplicar en términos administrativos.

Brindar un acceso fiable y asequible a energía limpia es crucial para un desarrollo económico sólido. Mediante un compromiso a largo plazo con la fijación de precios del carbono y la reducción progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles, se puede incentivar la inversión en infraestructuras acordes con los objetivos de desarrollo y descarbonización y reducir el riesgo de acabar con activos y empleos irrecuperables. La fijación de precios del carbono también puede ayudar a abordar los elevados niveles de informalidad que lastran las economías de los países en desarrollo, ya que los impuestos a la energía son más difíciles de eludir que los tributos directos.

Los 15 países estudiados son Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria y Uganda en África; Filipinas y Sri Lanka en Asia; y Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica y Uruguay en Latinoamérica y el Caribe. Ninguno de estos países son grandes emisores, pero todos han manifestado interés en reformar los impuestos y las subvenciones a la energía mediante su participación en la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática (CFMCA) y la Coalición de Líderes para la Fijación del Precio del Carbono (CPLC) o mediante reformas aplicadas recientemente.

Durante las próximas semanas la OCDE publicará su informe Tasas efectivas sobre el carbono 2021, en el que se comparan los precios asignados a las emisiones de carbono procedentes del uso de la energía en las economías desarrolladas y emergentes y los costes climáticos reales.

Descargue el informe: Taxing Energy Use for Sustainable Developement (disponible solamente en inglés)

Descargue las Notas de países, que contienen estimaciones de los efectos derivados de la reforma de los impuestos y las subvenciones sobre los ingresos fiscales.

 

Para más información, se ruega a los periodistas que se pongan en contacto con Catherine Bremer de la Oficina de Prensa de la OCDE (+33 1 45 24 97 00).

 

La OCDE es un foro de política global que colabora con más de 100 países y promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.

 

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