18/03/2020 - Costa Rica recientemente ha fortalecido sus leyes contra el cohecho mediante el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A pesar de este logro, las brechas en la definición del delito de soborno transnacional y su aplicación suscitan considerables preocupaciones, según un nuevo informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE.
El Grupo de Trabajo, conformado por 44 países, completó la evaluación en Fase 2 de la aplicación por parte de Costa Rica de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados.
El delito de soborno transnacional de Costa Rica no incluye algunas de las formas más comunes de su comisión. El requisito del dolo gravoso del delito podría conllevar a que no se castiguen la mayoría de los casos de soborno transnacional cometidos a través de intermediarios. El autor del cohecho podría quedar eximido de responsabilidad si un servidor público extranjero pidiera el soborno. La implementación de la legislación contra el soborno transnacional no ha recibido suficientes recursos ni prioridad. Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República están involucrados en la aplicación de la ley contra el soborno transnacional, lo cual podría producir una duplicidad de esfuerzos y poner en peligro los casos. Asimismo, Costa Rica tiene que garantizar que factores como el interés económico nacional no influyan en la sanción de los casos de soborno transnacional. Además, debe mejorar las guías y transparencia de las medidas alternas y de los acuerdos de colaboración.
El Grupo formuló también otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el soborno transnacional de Costa Rica, entre ellas:
El informe también subraya los aspectos positivos de los esfuerzos que Costa Rica dedica para combatir el soborno transnacional. La reciente legislación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas de manera comprensiva trata cuestiones como el estándar de responsabilidad, las sanciones y el procedimiento. Resulta loable que Costa Rica haya tipificado un nuevo delito de falsificación de registros contables; ahora tiene que garantizar que el delito se aplique a todas las personas jurídicas, incluidas las empresas públicas estatales. Las sanciones disponibles contra las personas naturales y jurídicas se han incrementado (sin considerar las pequeñas y medianas empresas). La prestación de asistencia judicial recíproca a otros países ha sido pronta y efectiva.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE adoptó el informe el 11 de marzo de 2020, incluyendo las recomendaciones dirigidas a Costa Rica en las páginas [76 a 83]. Conforme a los procedimientos establecidos, en marzo de 2021, Costa Rica deberá informar al Grupo de Trabajo de forma oral, las medidas adoptadas para aplicar las principales recomendaciones y, en marzo de 2022, deberá presentar un informe escrito sobre la aplicación de todas las recomendaciones y sus acciones para implementar la legislación contra el soborno transnacional. Este reporte escrito será público.
Se invita a los periodistas que deseen ampliar esta información a ponerse en contacto con Daisy Pelham de la División Anticorrupción de la OCDE (+33 (0)1 45 24 90 81). Para obtener más información sobre la lucha contra la corrupción de Costa Rica, visite el sitio web http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/costarica-oecdanti-briberyconvention.htm.
La OCDE, que trabaja con más de 100 países, es un foro de política internacional que promueve iniciativas destinadas a mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.
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